Permítanme que les hable de un caso que al director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, le apasiona especialmente.
El 9 de diciembre de 1932, el oficial de policía William Lundy fue asesinado en Chicago por dos individuos. Se trataba del sexto asesinato en siete días en una ciudad que estaba preparándose para albergar la Exposición Universal de 1933, así que el alcalde declaró una "guerra contra el crimen" y exigió a la Policía resultados inmediatos. Para colmo, el asesinado era, en este caso, un servidor público, así que sus compañeros de cuerpo no necesitaban mucho estímulo para hacer un escarmiento.
En cuestión de días, dos inmigrantes polacos fueron identificados y detenidos. Se trataba de Joseph Majczek, de 24 años, y Theodore Marcinkiewicz, de 25. Ambos fueron condenados en 1933 basándose en el reconocimiento ocular realizado por una testigo y el Tribunal Supremo ratificó la condena en 1935.
Más de una década después de los hechos, en 1944, la madre de Joseph Majczek insertó un anuncio en el Chicago Times ofreciendo una cuantiosa recompensa, de 5.000 dólares de la época, a la persona que pudiera aportar datos acerca del verdadero asesino del oficial de policía Lundy. Convencida de la inocencia de su hijo, aquella pobre mujer había estado fregando escaleras seis noches a la semana durante doce años, hasta conseguir ahorrar aquella importante cifra.
Un reportero del Chicago Times leyó aquel anuncio y decidió contar la historia de esa madre. Al analizar los detalles del caso, ese reportero llegó al convencimiento de que Joseph Majczek no tenía nada que ver en aquel asesinato, así que el Chicago Times realizó una investigación independiente y logró demostrar que aquella condena de los dos polacos había sido un auténtico fraude: la Policía había amenazado a la testigo de cargo para que reconociera a esos dos sospechosos; se había falsificado la fecha de detención de uno de los dos acusados, para hacer cuadrar los detalles del caso; se había ignorado el testimonio de varias personas que exculpaban a los dos inmigrantes... Para colmo, la propia Fiscalía había amenazado al juez de primera instancia con acabar con su carrera política si declaraba inocentes a los dos polacos, de modo que aquel juez, que estaba convencido de la inocencia de los procesados, a lo máximo que se atrevió fue a condenarles a cadena perpetua en lugar de a la silla eléctrica, que es lo que correspondía legalmente.
La abnegación de una madre y la campaña emprendida por el Chicago Times consiguieron que el Gobernador del Estado indultara el 15 de agosto de 1945 a Joseph Majczek, después de haber pasado 13 años en prisión. Esa historia tan moralizante está narrada en la película "Call Northside 777", que en español se llama "Yo creo en tí" y en la que James Stewart interpreta al periodista del Chicago Times que consigue que se revoque aquella condena injusta.
Lo que esa película de Hollywood oculta es lo que pasó con el otro condenado, con Theodore Marcinkiewicz. "Bueno", dirán ustedes, "si al otro polaco le indultaron, también indultarían a Marcinkiewicz". Pues, aunque no se lo crean, no fue así.
El caso de esos dos polacos era cosa juzgada, así que no tenían posibilidad de recurrir. Solo un indulto podía salvarles y eso fue lo que salvó a Joseph Majczek. Pero como nadie había hecho campaña para indultar a Marcinkiewicz, cuando su amigo Joseph fue indultado, él siguió en prisión.
La testigo de cargo contra él había resultado ser falsa, pero era una cosa juzgada.
La Policía había falsificado documentos para condenarle, pero era una cosa juzgada.
Se había ignorado a los testigos que le exculpaban, pero era una cosa juzgada.
La Fiscalía había chantajeado al juez de primera instancia para que le condenaran, pero era una cosa juzgada.
Su condena había sido radical y clamorosamente injusta, pero era una cosa juzgada.
Su amigo y compañero de condena había sido indultado, pero era una cosa juzgada.
Como era cosa juzgada, Marcinkiewicz siguió en la cárcel, enviando cartas desesperadas a todo el mundo para que se reparara aquella palmaria injusticia. Cuatro años después de la liberación de Joseph Majczek, en 1949, el Gobernador por fin le ofreció a Marcinkiewicz una medida de gracia, ¡que consistía en conmutarle la cadena perpetua por una condena de setenta y cinco años! El pobre polaco, naturalmente, rechazó aquella "generosa" oferta y siguió exigiendo que le excarcelaran. Finalmente, en 1950, el Gobernador accedió a indultar también a Marcinkiewicz, después de pasar 18 años en prisión por un crimen que no había cometido.
A lo largo de los últimos años, los medios de comunicación independientes han ido poniendo sobre la mesa una catarata de evidencias que demuestran que las investigaciones oficiales del 11-M no son otra cosa que una inmensa y grosera manipulación: pruebas destruidas, pruebas falsificadas, pruebas ocultadas, culpables imposibles... No hay aspecto del 11-M al que miremos, que no lleve en su cara el sello de la irregularidad policial o judicial.
Al principio, los defensores de la versión oficial optaron por ridiculizar las investigaciones de los medios independientes. Después, a medida que las evidencias de falsificaciones se acumulaban, pasaron a intentar ningunear a esos medios. Ahora, cuando ya la montaña de irregularidades constatadas es tan grande que no se puede ocultar a la vista, se refugian cada vez más en la cantinela de que el 11-M es cosa juzgada.
Pero una media verdad es la peor de las mentiras posibles.
El 11-M es cosa juzgada, sí, pero la instrucción del sumario y el juicio fueron una auténtica farsa. Mientras duró la instrucción, el juez Del Olmo mantuvo el sumario bajo secreto, impidiendo a las víctimas conocer los detalles de las investigaciones y pedir diligencias de prueba. Ahora entendemos por qué se hizo eso: porque todo el sumario no es más que una inmensa mentira, basada en la destrucción y ocultación de las pruebas reales y su sustitución por otras pruebas demostrablemente falsas.
Pero eso quiere decir que se manipuló a las víctimas de la masacre, que se las impidió ejercer su derecho a participar en las investigaciones, que se precocinó una versión falsa de los hechos sin permitir a las acusaciones cuestionar esa versión y buscar a los verdaderos culpables.
¿Es moralmente lícito hablar de cosa juzgada en esas condiciones?
No hay ni una sola prueba fundamental del caso que no sea fraudulenta, desde la mochila de Vallecas a la furgoneta de Alcalá, pasando por el famoso coche Skoda Fabia o el siniestro episodio de Leganés.
¿Es racionalmente admisible hablar de cosa juzgada en esas condiciones?
Escenarios del crimen que se desguazan con pasmosa rapidez. Presuntos suicidas a los que no se les hace autopsia. Informes de análisis de explosivos que se ocultan. Actas de recogida de muestras que no se adjuntan al sumario.
¿Es argumentalmente defendible hablar de cosa juzgada en esas condiciones?
Explosivos que aparecen sin que los perros policía sean capaces de olerlos. Documentos que se falsifican. Evidencias que surgen de la nada en dependencias policiales. Testigos que reciben cuantiosas sumas de dinero por reconocer a quien antes no reconocían.
¿Es lógicamente sostenible hablar de cosa juzgada en esas condiciones?
Jueces que mienten a las víctimas. Abogados de oficio obligados a leerse 150.000 folios de un sumario en escasos días. Medios de comunicación dispuestos a machacar a la opinión pública con consignas irracionales. Informaciones exculpatorias de los condenados que se hurtan al juez. Confidentes que se prestan a hacer el paripé en la causa. Intoxicaciones a granel para embarullar el sumario.
¿Es democráticamente tolerable hablar de cosa juzgada en esas condiciones?
Lo siento, pero no puede haber cosa juzgada allí donde la Justicia no ha sido más que una burla, una vulgar imitación formal de la Justicia verdadera.
Quien se refugie en la formalidad de la cosa juzgada para negar la Justicia a las víctimas del 11-M, estará cometiendo la misma indignidad que aquellos que mantuvieron cinco años más en la cárcel a Theodore Marcinkiewicz, después del indulto de Joseph Majczek, alegando simplemente que su injusta condena era... una cosa juzgada.
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