La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que hay que investigar el posible falso testimonio de las dos testigos protegidas que sirvieron para incriminar a Jamal Zougham, el único condenado por la autoría material de la masacre del 11-M.
Normalmente, debería constituir una buena noticia que la Justicia decida investigar los más que evidentes indicios de que alguien compró a dos testigos para contar al menos con un autor material del 11-M que presentar a la opinión pública. Lo que pasa es que esa noticia llega justo al día siguiente de que la Fiscalía cierre en falso las investigaciones acerca del foco de explosión del 11-M que fue ocultado durante ocho años.
Es imposible, por tanto, sustraerse a la sospecha de que lo que se intenta con ello es dar una de cal y otra de arena; de que se pretende, tan solo, entreabrir una puerta después de haber cerrado otra de un portazo; de que tan solo se quiere que las víctimas del 11-M sigan albergando falsas esperanzas de que en España hay Justicia.
Ahora, la misma juez que rechazó, contra toda lógica jurídica, la querella de Jamal Zougham, tendrá que obedecer las instrucciones de la Audiencia Provincial de Madrid y hacer como que investiga. Pero permítanme dudar de que quien no se sonrojó al rechazar de forma tan burda la querella, vaya a sonrojarse dentro de algunas semanas, cuando decida volver a dar carpetazo a las investigaciones, tras haber efectuado una instrucción de aliño.
Conseguiremos con la instrucción de esa querella algunos nuevos datos, sí. La declaración de esas presuntas testigos falsas dará mucho juego, por supuesto. Y las demás diligencias que se le acepten a la defensa de Jamal Zougham quizá nos permitan añadir alguna pieza al puzle aquí o allá. Pero permítanme dudar de que la querella termine prosperando. Al final, cualquier subterfugio jurídico valdrá para decir que no existió delito en esas testigos; o que de existir ese delito, ya habría prescrito. Y se dará carpetazo a esas investigaciones, como se han yugulado las investigaciones de la juez Coro Cillán o como se ha cerrado, por la puerta de atrás, la investigación sobre la ocultación de los restos de uno de los focos de explosión del 11-M.
No estamos en un juego donde la lógica o la razón sirvan para ganar. Estamos, simplemente, en el borde de un abismo en el que PP y PSOE, PSOE y PP, saben que no pueden dejar que los españoles sepan qué fue lo que ocurrió el 11-M, por la sencilla razón de que aquel golpe de estado se llevaría por delante, de ser aclarado, todo el edificio corrupto en que se asienta el actual reparto del poder en España.
Y, ante esa perspectiva, ni la razón ni la lógica importan nada. Tan solo importa cegar las vías de investigación, seguir contando con el silencio cómplice o la mentira activa de tantos medios, y mantener siempre encendida, eso sí, una pequeña llamita de esperanza para que las víctimas del 11-M sigan dejando pasar el tiempo, a la espera de que un día se les haga Justicia. Una Justicia que, por supuesto, no llegará nunca de la mano de los poderes del Estado.
Y para esa tarea de ocultación y dilación lo mismo da un Cándido Conde-Dulce que un Eduardo Torres-Pumpido. No son las siglas partidistas las que determinan en qué lado de la raya se encuentra cada uno, en esta pelea entre la democracia y quienes viven desde hace décadas tutelando, pervirtiendo y depredando a esa democracia.
Tan solo una verdadera democratización de nuestro sistema político, o la súbita aparición de alguna garganta profunda, podrá evitar que el 11-M termine muriendo. Y que termine culminando ese proceso de integración del terrorismo en las estructuras del estado que tan de la mano marcha, desde hace ocho años, con las peripecias judiciales de esa masacre que nadie parece querer aclarar.
